Según el reporte de la Oficina Regional del Trabajo, 6.500 laburantes se quedaron sin su trabajo; mientras que 16.801 personas fueron habilitadas para el pago de la compensación económica del Instituto de Previsión Social (IPS), mediante 3.552 solicitudes de suspensión temporal de trabajo.

El Poder Ejecutivo dispuso severas restricciones para frenar el avance del Covid-19; como el cierre de fronteras, que se dio desde marzo hasta octubre del 2020. Esto provocó que el turismo de compras, por primera vez en la historia, se paralice totalmente, afectando a unas 70.000 familias del Alto Paraná.

Por su parte, el representante de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (MIPYMES), del Alto Paraná, Iván Airaldi, refirió al medio La Clave, que este año arranca nuevamente, sin acciones concretas del Gobierno, para apoyar al sector que cuenta con una importante cantidad de empleos, que corren el riesgo de seguir siendo mantenidos.

Airaldi, además, mencionó que más del 50% de las empresas continúan con problemas financieros, las cuales comprometen sus funcionamientos. Upévare, insisten a las autoridades que se enfoquen en sostener el trabajo y crear más fuentes, estrategias que consideran, son las únicas para reactivar, verdaderamente, la economía de la zona.

El mismo calificó al 2020 como devastador para la economía; en especial, para las MIPYMES. Airaldi refirió que de un total de 13.452 empresas de estos tipos en el departamento, 6.904 siguen con problemas financieros, las cuales amenazan sus funcionamientos.

El empresario indicó que el sector público, pese al cese de actividades por la pandemia, y la crisis, mantuvo los puestos de trabajo, pagó íntegramente los sueldos; inclusive, el aguinaldo, que hasta se financiaron mediante préstamos, porque el Estado recurre a ellos para abonar los sueldos, lo cual, lamentablemente en el sector privado casi no se da. Como consecuencia, no hubo posibilidad de mantener gran cantidad de empleos, ndaje.