El coronel Justo Araújo, brazo derecho del general Aldo Ozuna, director de la Dirección de Material Bélico, tiene a su esposa Cynthia Huespe, propietaria de la firma Star & Company, como proveedora de la Dimabel y de otras dependencias dentro del Ejército.

Araújo, director financiero de la entidad, cuyo nombre apa­rece en el portal de Contrata­ciones Públicas como admi­nistrador de contratos de la institución, tiene nada más y nada menos que a su esposa Cynthia Huespe, propieta­ria de la firma Star & Com­pany, como proveedora de la Dimabel.

La empresa también se alzó con varias licitaciones en el Ministerio de Defensa donde su marido figuraba en un cargo depen­diente dentro de la Unidad Operativa de Contratacio­nes. Esta es una muestra de cómo la claque militar se sigue haciendo millonaria y goza de beneficios tales como lujosas vacaciones en el exterior. La empresa Star & Company se dedica a la venta de cubier­tas, baterías, filtros, lubrican­tes, servicio de alineación, balanceo, mecánica y lava­dero. Todo esto provee a las FFAA y en especial a la Dima­bel, donde incluso se benefi­cia con contrataciones direc­tas sin licitaciones.

De acuerdo con el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públi­cas, la empresa de Cynthia Huespe posee 43 adjudica­ciones del Estado, de las cua­les 31 están vinculadas a las unidades militares y las mis­mas superan los 3.100 millo­nes de guaraníes, únicamente en licitaciones del Comando del Ejército – Ministerio de Defensa Nacional. De la última cifra, se observa que 12 fueron por contrataciones directas.

Provee sus servicios al Ejército desde el 2018 y con el paso de los años fue incrementando sus adjudicaciones, dando su gran salto en el 2021 con 12 licitaciones a su favor. Este año, la firma lleva ganados cuatro procesos licitato­rios.

Critican negociado

Desde Contrataciones públicas, califican este hecho como algo grave, y merece sanciones. “Las sanciones en el ámbito de las contrataciones podrían ir desde apercibimiento hasta la inhabilitación. Estaríamos en una conducta de mala fe ya que se omite en las declaracio­nes juradas el vínculo exis­tente”,dijo Pablo Seitz, director de Con­trataciones Públicas.

El abogado Pedro Ovelar señaló que el empresario tabacalero José Ortiz acudirá las veces que sea llamado por la Comisión Bicameral de Investigación de hechos de lavado de dinero (CBI), porque tiene la obligación legal de comparecer ante la misma, sin embargo, también tiene el derecho de abstenerse a declarar, porque existe un mandato legal que establece que nadie puede declarar en su contra. Sim embargo, existe una clara persecución política contra el ex presidente de la república Horacio Cartes.

En ese sentido rechazó la amenaza e intimidación del senador Jorge Querey, titular de la comisión antilavado, quien advirtió que articularía los mecanismos para hacerlo declarar al presidente de Tabesa. “Se llega a un absurdo, atropello legal y constitucional. Debe tener cuidado el senador Querey porque la responsabilidad penal recaerá sobre él si comete alguna violación legal. Con la Constitución Nacional vamos a defendernos”, sostuvo.

Mencionó que recomendó a su cliente no declarar en su comparecencia anterior por no contar con los documentos de la acusación, y por ello además solicitó a la CBI toda la documentación que obra en poder del Congreso. “Al contrario de lo que dice Querey, esto es un proceso jurídico que se aboca a determinar delitos. Pero es grave que se basen en publicaciones periodísticas del Brasil”, argumentó al momento de preguntarse cuáles son las competencias de la CBI, atendiendo que ya la Fiscalía está investigando el supuesto lavado.

“Acá se formó una asociación con la finalidad de destruir a las empresas del Grupo Cartes y destruir al grupo político. Se creó esta comisión solo contra Horacio Cartes. Es una asociación de dos Poderes del Estado, con medios de comunicación, para debilitar al adversario político. A corto plazo es una cuestión electoral, pero a largo, estas personas deberán responder ante la justicia por esta coacción. No pueden amenazar con utilizar la fuerza para violar las normas legales vigentes”, indicó.

El representante legal refirió que en el caso de recibir algún documento de parte de la comisión, analizará si conviene o no que su cliente preste declaración, porque apostará porque se llame a silencio si se constata que este proceso es un mero ataque político. “Ellos lo que quieren es sacar pruebas de José Ortiz, pero a él se lo acusa en un documento oficial y desde ese momento, le guste o no a Querey, está en una posición de acusado, indagado e imputado. Entonces Ortiz se convierte en un sujeto de derecho y tiene el derecho constitucional de declarar o abstenerse. Además no existe el silencio como prueba en contra del indagado”, explicó.

La senador Georgia “Nani” Arrúa y el senador Fulgencio “Kencho” Rodríguez se encontraron en la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso y no se callaron nada, terminaron diciéndose de todo tras la actuación de Kencho en Tembiaporá donde agredió físicamente a una abogada por defender la ocupación ndaje.

“Que pare por maleducado, ¿Qué vas a hacer, me vas a agredir?. yo no voy a seguir su circo.”, dijo la senadora Nani, mientras se retiraba de la reunión.

Pelea y discusiones entre senadora Georgia Arrua y Miguel Fulgencio Rodríguez en la Comisión Indigena del Senado @Universo970py pic.twitter.com/PWrPsSdpPX

— FRANCISCA PEREIRA (@Francis970AM) June 29, 2022