El abogado Pedro Ovelar señaló que el empresario tabacalero José Ortiz acudirá las veces que sea llamado por la Comisión Bicameral de Investigación de hechos de lavado de dinero (CBI), porque tiene la obligación legal de comparecer ante la misma, sin embargo, también tiene el derecho de abstenerse a declarar, porque existe un mandato legal que establece que nadie puede declarar en su contra. Sim embargo, existe una clara persecución política contra el ex presidente de la república Horacio Cartes.

En ese sentido rechazó la amenaza e intimidación del senador Jorge Querey, titular de la comisión antilavado, quien advirtió que articularía los mecanismos para hacerlo declarar al presidente de Tabesa. “Se llega a un absurdo, atropello legal y constitucional. Debe tener cuidado el senador Querey porque la responsabilidad penal recaerá sobre él si comete alguna violación legal. Con la Constitución Nacional vamos a defendernos”, sostuvo.

Mencionó que recomendó a su cliente no declarar en su comparecencia anterior por no contar con los documentos de la acusación, y por ello además solicitó a la CBI toda la documentación que obra en poder del Congreso. “Al contrario de lo que dice Querey, esto es un proceso jurídico que se aboca a determinar delitos. Pero es grave que se basen en publicaciones periodísticas del Brasil”, argumentó al momento de preguntarse cuáles son las competencias de la CBI, atendiendo que ya la Fiscalía está investigando el supuesto lavado.

“Acá se formó una asociación con la finalidad de destruir a las empresas del Grupo Cartes y destruir al grupo político. Se creó esta comisión solo contra Horacio Cartes. Es una asociación de dos Poderes del Estado, con medios de comunicación, para debilitar al adversario político. A corto plazo es una cuestión electoral, pero a largo, estas personas deberán responder ante la justicia por esta coacción. No pueden amenazar con utilizar la fuerza para violar las normas legales vigentes”, indicó.

El representante legal refirió que en el caso de recibir algún documento de parte de la comisión, analizará si conviene o no que su cliente preste declaración, porque apostará porque se llame a silencio si se constata que este proceso es un mero ataque político. “Ellos lo que quieren es sacar pruebas de José Ortiz, pero a él se lo acusa en un documento oficial y desde ese momento, le guste o no a Querey, está en una posición de acusado, indagado e imputado. Entonces Ortiz se convierte en un sujeto de derecho y tiene el derecho constitucional de declarar o abstenerse. Además no existe el silencio como prueba en contra del indagado”, explicó.