Ante la falta de sustentos y pruebas, la fiscalía no tuvo otro remedio más que pedir la desestimación de la causa donde investigaban un presunto, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito del expresidente de la república, Horacio Cartes. Los agentes fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce, Verónica Valdez y Fernando Meyer pudieron comprobar que la fuente de sus riquezas son sus empresas.

La denuncia pererĩ lo había realizado el exministro del interior, Arnaldo Giuzzio en medio de internas políticas, pero no se pudo avanzar mucho ya que no hay ni un solo indicio para fundamentar el avance. El juez Rodrigo Estigarribia debe analizar la petición y decidir.

Ñande presi Santiago Peña se pronunció en sus redes tras el terrible atentado que sufrió el aspirante a la presidencia de Colombia, en pleno acto. De este modo, Peña se sumó a las distintas voces de América Latina expresando su enérgico repudio al atentado sufrido por el senador colombiano Miguel Uribe Turbay.

“Repudiamos enérgicamente el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay. Este hecho representa una grave amenaza a la democracia y al orden institucional. Nuestra solidaridad con el senador, su familia y el pueblo colombiano. No hay lugar para la violencia en una región que apuesta por la paz y el Estado de derecho”, he’i el pronunciamiento de Peña difundido en sus redes.

El atentado aún está siendo investigado por las autoridades colombianas, que han prometido esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia. Diversos sectores políticos y sociales han coincidido en que la violencia no puede tener cabida en sistemas que se sostienen sobre pilares democráticos y el respeto al Estado de derecho.

La figura de Miguel Uribe Turbay ha cobrado notoriedad en los últimos años por su firme postura frente a temas como la seguridad, la institucionalidad y la defensa de la democracia en Colombia. El ataque en su contra ha despertado preocupación en sectores que temen un recrudecimiento de la violencia política en el país.

El senador José Oviedo, del movimiento “Yo Creo”, presentó un proyecto de ley que busca aumentar hasta 20 años la pena máxima para adolescentes mayores de 14 años que cometan crímenes graves. La propuesta representa un giro significativo respecto al límite actual de 10 años establecido por el sistema penal juvenil.

Oviedo reconoció que no considera esta medida como la solución definitiva al problema de la criminalidad, pero explicó que su iniciativa responde a un compromiso asumido con un grupo de trabajadores motodelivery, preocupados por la creciente violencia. Indicó además que existen posibles limitaciones legales impuestas por tratados internacionales suscritos por Paraguay.

Pese a la iniciativa, el legislador insistió en la necesidad de apuntar a soluciones estructurales. Abogó por políticas públicas orientadas a la recuperación de valores familiares, mayor presencia de los padres en el hogar y mejores condiciones para que puedan compartir tiempo de calidad con sus hijos.