Aunque el intervenido intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, asegura que la “caja paralela” denunciada este lunes por la Intervención Municipal ya había sido detectada y denunciada por su gestión a inicios de año, los documentos muestran que su versión no coincide con los hechos.
Prieto mantuvo hasta junio de 2025 en el cargo a su prima, Meribeb Alonzo Vallejos, hoy implicada en las graves maniobras irregulares, y la apartó solo por nepotismo – hecho que admitió el apartado jefe comunal – y no por las graves anomalías en el cobro del impuesto inmobiliario.
La Intervención Municipal presentó este lunes 11 de agosto, ante el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, una denuncia por presuntos delitos de exacción y alteración de datos en la recaudación de tributos.
La investigación surgió tras una auditoría informática al sistema SIGEM, donde se detectaron pagos millonarios, registrados como efectuados en enero de 2025, que no figuran en la Tesorería de la Comuna. Entre las operaciones cuestionadas figuran movimientos en las cajas 6 y 8, con usuarios y cajeros asignados que no coinciden con los registros oficiales.
Entre los implicados aparecen Meribeb Alonzo Vallejos, prima de Prieto; Iván Giovanni Vera Morel y Micaela Herrera. Varios comprobantes presentan fechas y montos válidos en el sistema, pero no corresponden a arqueos reales de caja.
Lo que Prieto dijo y lo que hizo
Prieto sostiene que su administración detectó casi G 900 millones de irregularidades y que removió a responsables. Sin embargo, la denuncia que él presentó solo menciona a dos funcionarios por “lesión de confianza” y omite toda referencia a su prima, a quien ocultó y defendió públicamente como “demasiado honesta para estar ahí”.
La intervención, en cambio, documentó pagos inconsistentes, usuarios con perfiles alterados y respaldos digitales que indican posibles manipulaciones del sistema. Entre las pruebas remitidas se incluyen memorándums autenticados, fichas de inmuebles, arqueos de caja y respaldos informáticos.

El Gobierno anunció un proyecto de ley que regula, y no prohíbe, el uso de dispositivos móviles en las instituciones educativas a partir del 2025.

Los ministros de Educación y Ciencias (MEC), Luis Ramírez, y de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate, anunciaron la presentación de un proyecto de ley que busca regular —y no restringir— el uso de dispositivos móviles en las instituciones educativas a partir del próximo año. El anuncio se realizó este jueves en conferencia de prensa desde Mburuvichá Róga.

El ministro Villate explicó que la iniciativa establece una dosificación en el uso de teléfonos celulares, tabletas y otros dispositivos dentro del aula, privilegiando su utilización pedagógica. Afirmó que el objetivo es aprovechar la tecnología como herramienta educativa, evitando un uso excesivo que pueda afectar la concentración o la dinámica escolar.

Asimismo, señaló que el Mitic y el MEC están desarrollando proyectos de conectividad para escuelas rurales y remotas, históricamente aisladas y con poca infraestructura digital. “Hoy la tecnología puede complementar e innovar la educación, especialmente en las zonas más postergadas”, afirmó.

Por su parte, el presidente Santiago Peña expresó en sus redes sociales que la medida se basa en evidencia científica y apunta a proteger el bienestar emocional y cognitivo de los estudiantes.

“Nuestros niños y adolescentes merecen crecer en entornos que protejan su salud mental y potencien el aprendizaje y el desarrollo. Por eso presentamos el proyecto de ley que regula el uso de dispositivos electrónicos en las instituciones educativas”, escribió.

Agregó que la tecnología seguirá siendo “una aliada, pero bajo condiciones adecuadas y responsables que aporten al sano desarrollo y aprendizaje de nuestros estudiantes”.

El proyecto será remitido al Congreso en las próximas semanas y, de aprobarse, será implementado desde el periodo lectivo 2025.

El ministro del Interior, Enrique Riera Escudero, encabezó la conferencia de prensa realizada esta mañana en la sede ministerial, acompañado por los viceministros, Óscar Pereira y Óscar Campuzano; el comandante Carlos Benitez y subcomandante César Silguero, de la Policía Nacional, así como jefes policiales del Comando Institucional.

El encuentro reunió a medios de comunicación para abordar la alerta emitida por la ARP y gremios productivos ante posibles intentos de invasión en el norte del país.

Durante la presentación, las autoridades informaron sobre las acciones interinstitucionales en marcha para prevenir hechos de violencia, reforzar la presencia del Estado y garantizar la seguridad de las comunidades afectadas.

El Ministerio del Interior reiteró que mantiene un monitoreo permanente de la situación y articula medidas preventivas con todas las instituciones competentes.