En nuestro país, un secuestro parental se clasifica como «arrebato» de tenencia del niño por parte de uno de los padres y se «repara» a través de un juicio de restitución. En un caso ideal esto significa que el niño podrá volver con el progenitor del cual fue arrebatado. «Pero la realidad es completamente otra»,  sostienen expertos.

Pese a que, en países como Perú, Uruguay, Bolivia, Chile, Brasil, Argentina, Panamá, Alemania y todo Europa además de Estados Unidos, el secuestro parental es considerado como una forma de abuso y maltrato infantil e incluso se lo tipifica como sustracción de menores, Paraguay es uno de los pocos países en los que no es calificado como un hecho punible ni existe una prevención eficiente para evitarlo.

La abogada Rosana Vera es una de las profesionales del ámbito de la niñez que trabaja en el proyecto de ley al que calificó como una «ley necesaria» para garantizar que la protección total contra el arrebato parental sea eficaz. Además, busca que pueda evitarse ya que es una cuestión muy común en nuestro país, confirmó la profesional, señalando que las secuelas psicológicas que dejan en niños y adolescentes, son muchas. La peor parte es que la víctima pasa por el proceso con total falta de apoyo, compresión psicológica y emocional, una atención que recibida a tiempo cambiaría la vid a de estos niños y adolescentes que son despojados de sus hogares.

Por su parte, el abogado penalista Raúl Caballero explicó un poco más sobre el Proyecto de Ley. «Consiste en incluir como hecho punible la conducta de quien tiene la patria potestad (uno de los padres) sustraiga de esa posibilidad al otro, en contra de la voluntad del niño o adolescente que, en la generalidad de los casos, no son escuchados y se realiza sin su consentimiento. Al tratarse de un hecho punible (crimen o delito) se aplica una pena privativa de libertad o una multa a su autor», señala.

En cuanto a la pena que propone y esclarece, el Proyecto de Ley, Caballero, quien fue viceministro de Justicia, detalló que «actualmente, el arrebato no se establece como una figura sobre la cual haya alguna sanción o consecuencia, pero sí se reconoce como una situación de hecho para la cual se prevé un procedimiento para restituir al niño o adolescente a la situación anterior. La proposición de la pena merece un tratamiento más integral, de acuerdo a la política criminal para cada momento en particular y que dependerá de la valoración legislativa en cada caso. Si se establece que será un delito, la pena será de hasta cinco años de privación de libertad o multa, y si supera los cinco años, será un crimen», sostuvo,