Desde el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) se están registrando una serie de despidos injustificados contra funcionarios contratados pertenecientes al área técnica, administrativa, aparte de licenciados. A decir de diversas denuncias que enviaron a La Nación/Nación Media, tras los despidos, en la mencionada institución contrataron a nuevos funcionarios que son afines a la línea política del oficialismo.

“Entre G. 3 millones y G. 4 millones pagan a estos nuevos funcionarios, que entraron sin competencia y tampoco poseen título universitario que avale el sueldo percibido. La persecución que se sufre ya es desesperante y se anuncian más desvinculaciones próximamente; quienes son contratados son los más perseguidos y son despedidos por cuestiones mínimas, simples excusas para dejarlos de lado”, sentenció una fuente que prefirió dejar sus datos en el anonimato.

Las denuncias estiman que tanto la directora general del INTN, Patricia Echeverría, como su equipo responden a la línea política del oficialismo, por lo cual realizan diversas diligencias para perseguir, amenazar y sumariar a diversos funcionarios que no se encuentran afines a sus intereses. Desde la institución elaboran distintas acusaciones contra los trabajadores para desvincularlos, según la denuncia de los funcionarios que prefieren el anonimato por temor a represalias.

¿CÓMO LO HACEN?

Una de las estrategias utilizadas, de acuerdo a las denuncias, consiste en trasladar a los colaboradores de determinados sectores a otros que no se encuentran relacionados con sus funciones, hasta generar hartazgo y la posterior renuncia de la persona afectada. En el caso de que la persona hostigada no renuncie, se presentan excusas mínimas, como haber excedido el tiempo otorgado para el horario de almuerzo, entre otras cuestiones.

Del mismo modo, se dejó entrever la priorización de los directivos en torno a las inversiones para presuntos viajes de capacitación, asegurando que estos actos no constituyen más que despilfarros en beneficios de las autoridades de la institución.

Fuente: La Nación