Los presidentes de Cerro Porteño, Olimpia, Libertad y Guaraní se expresaron en contra del proyecto de Ley que busca instalar las Sociedades Anónimas en el fútbol paraguayo.

En las últimas horas se supo sobre la posición de Juan José Zapag, Miguel Cardona y Rubén Di Tore, que no ven con buenos ojos el proyecto de Ley que la senadora colorada Lilian Samaniego presentó ante la Cámara de Senadores.
Y en el mismo tono anda el titular de Guaraní, Emilio Daher, quien confirmó que los cuatro clubes comparten tal visión. “Sí, estuvimos hablando. No sabemos de verdad a quién y cómo le afecta. Lo desconocido no podemos analizar, eso genera cierto rechazo, somos administradores circunstanciales del club”, señaló en charla con radio Monumental.

El proyecto de Samaniego aspira replicar la experiencia brasileña en la que, clubes que estaban en graves problemas financieros, lograron con esa herramienta para capitalizarse, organizarse y elevar los niveles de competitividad. La proyectista dijo que para la elaboración del material se tuvo la asesoría de directivos del fútbol brasileño. Uno de ellos, Thairo Arruda, CEO del club Botafogo, expresó que la ley, que ya rige en Brasil, constituyó un avance importante para elevar la competitividad de los clubes profesionales.

Con la llegada de las SA, los clubes dejarían de ser asociaciones civiles para constituirse en empresas.

Por su lado, Gerardo Acosta, asesor externo de la Asociación Paraguaya de Fútbol, confirmó que “sí, ya se venía trabajando hace bastante tiempo sobre las SA” en la matriz del fútbol local, para ofrecerles a los clubes “el marco jurídico” correspondiente. Sin embargo, el máster en derecho deportivo sostuvo que -de momento- la iniciativa no pasa de una “posibilidad”.

“Sí, sentaron (los presidentes) posición ante un proyecto que no pasó por el proceso de consulta previa. Creo que el presidente de la APF le va mostrar a los clubes sobre como llevar estas alternativas económicas”, refirió.

“La consulta a los clubes es el primer paso, no el último. Estamos trabajando en eso”, insistió Acosta.

De momento, el estudio sigue y no se descarta que en un futuro inmediato se realicen las consultas puntuales a las instituciones que podrían verse afectadas.

La Audiencia Pública sobre el proyecto quedó marcada para el 28 de noviembre próximo.

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