La deuda impaga  del Estado paraguayo con  Petróleos de Venezuela SA (PDVSA),  estalló en un escándalo internacional para el gobierno paralelo de Juan Guaidó y  Mario Abdo Benitez.

El hecho fue destapado por el Washington Post.

La negociación por el pago de US$ 269 millones (US$ 290 millones según los venezolanos) entre ambos gobiernos presenta un nuevo escenario al descubrirse en los Estados Unidos a funcionarios venezolanos negociando supuestamente con sus pares paraguayos a cambio de pagos de comisiones multimillonarias.

El  Post menciona al jefe de Gabinete del Gobierno Nacional, Juan Ernesto Villamayor, como uno de los que estaba en tratativas con un abogado argentino de nombre Sebastián Vidal, quien al parecer fue contratado por Javier Troconis, funcionario del gobierno interino de Venezuela, quien hace recuperado de activos de la petrolera en todo el mundo.

Sin embargo, Troconis negó haber contratado al abogado argentino, quien debía realizar el trabajo de negociar la deuda paraguaya tras un pago de comisión de US$ 26 millones.

La investigación del Post, que incluyó más de 20 entrevistas y una revisión de documentos, incluidos los posibles contratos, descubrió múltiples acuerdos que involucraban a Troconis, quien habría requerido lo que algunos miembros de la oposición venezolana caracterizaron como pagos grandes e inusuales.

Incluyen el contrato prospectivo con el Gobierno de Paraguay y la mencionada comisión de US$ 26 millones a pagar a terceros (Vidal) que generó alarmas dentro del propio equipo legal de Guaidó. Otro acuerdo propuesto, para recuperar activos en un banco británico, habría involucrado un contrato que los funcionarios de la oposición dicen que Troconis no estaba autorizado a firmar.

Troconis, un ex ejecutivo petrolero respaldado por poderosas figuras de la oposición, todavía se desempeña como comisionado especial de Guaidó para la recuperación de activos, trabajando desde el exilio principalmente desde EEUU en Miami y Washington y desde Bogotá, Colombia.

En una extensa entrevista, negó haber actuado mal. En una audiencia reciente del comité, pareció culpar a los enemigos de Guaidó por las acusaciones. “Este es un ataque contra todos nosotros”, dijo, e insistió en que todas las pruebas presentadas en su contra eran “falsas”.

“Soy el más interesado en que salga la verdad porque soy yo quien dice la verdad”, aseguró. Pero dentro de la oposición venezolana, crece la consternación por la decisión del gobierno interino de mantener a Troconis en su puesto. “Moralmente, no tiene sentido que siga ocupando su cargo”, dijo Elimar Díaz, miembro del comité de la Asamblea Nacional que investiga a Troconis.

José Ignacio Hernández, exfiscal general de Guaidó, dijo que advirtió a altos funcionarios del gobierno de Guaidó “repetidamente”, que Troconis estaba actuando más allá de su autoridad, (tenía la intención de identificar los activos del gobierno, pero no buscar personalmente su recuperación) cuando intentó negociar el trato con Paraguay en 2019.

Según dos borradores del contrato no ejecutado obtenidos por The Post, el acuerdo habría perdonado la mitad de la deuda de US$ 269 millones que Paraguay acuerda que le debe a Venezuela. (Venezuela calcula la cifra en 290 millones de dólares).

Hernández dijo que se negoció sin el conocimiento de los supervisores de la industria petrolera designados por Guaidó. Troconis habría pagado lo que Hernández llamó una comisión “desproporcionada” al abogado argentino Vidal. En el segundo borrador del contrato, Vidal habría recibido el 20 por ciento del acuerdo, o más de US$ 26 millones.

Juan Ernesto Villamayor, jefe de gabinete del presidente paraguayo Mario Abdo Benítez, dijo que Vidal se presentó como “un representante de PDVSA”, la compañía petrolera estatal de Venezuela, a la que Guaidó nombró un nuevo directorio. En octubre, dijo Villamayor, Vidal solicitó una reunión entre funcionarios paraguayos y Troconis. Al mes siguiente, dijo, Vidal y Troconis presentaron el acuerdo propuesto.